Comparto algunas notas extraídas de Stockmann, Daniela y Luo, Ting, Governing Digital China, Cambridge University Press, 2026 que me parecen especialmente relevantes.

En la década pasada, el debate público europeo sobre la regulación de las redes sociales ha tendido a imaginar un enfrentamiento frontal entre el poder político y las grandes plataformas, como si el Estado fuese siempre el legislador soberano que impone límites y la empresa el actor renuente que los elude, con la consecuencia de que, cuando miramos hacia otros entornos políticos, el análisis se desliza con facilidad hacia una caricatura de control total, una maquinaria homogénea en la que la censura baja como una orden y la sociedad obedece, sin fricciones, sin costes, sin economía.

El caso chino obliga a abandonar esa comodidad intelectual, porque el control del espacio digital no se sostiene únicamente sobre la prohibición y el castigo, sino sobre una ingeniería institucional que combina centralización política, compra de capacidades técnicas y un reparto tácito de funciones en el que determinadas empresas se convierten en infraestructura gubernativa de facto, a causa de un cálculo frío de interdependencias, el Estado necesita alcance, datos, analítica y velocidad operativa, la empresa necesita escala, estabilidad regulatoria y margen para mantener la atención de los usuarios y, en ese intercambio, se produce una relación más parecida a un corporativismo de masas que a un simple mando vertical. Conviene detenerse en un punto que suele quedar oscurecido por la palabra censura, que tiende a sugerir una práctica de tijera, una eliminación constante y visible, cuando el verdadero rendimiento político de una plataforma reside con frecuencia en su capacidad para organizar la visibilidad, jerarquizar temas, orientar interpretaciones y mantener la conversación dentro de márgenes aceptables, de modo que la intervención no se agota en borrar, también consiste en conducir, inundar, redirigir, acelerar unos asuntos y ralentizar otros, fabricar clima moral, premiar lealtades y degradar disidencias sin necesidad de convertir cada discrepancia en un escándalo represivo, una forma de gobierno que trabaja con el flujo y con el tiempo real, no solo con la frontera.

Ese aprendizaje se asentó en China a través de la doble experiencia política que tuvo su laboratorio durante el periodo de Hu Jintao, cuando internet se concibió al mismo tiempo como motor de modernización y como riesgo de seguridad informacional, por lo que se desplegó una estrategia dual que fomentaba la participación ciudadana para obtener retroalimentación sobre problemas sociales, corrupción local y fallos de políticas y a la vez reforzaba la idea de guiar la opinión pública para evitar que la conversación se convirtiera en organización, una tensión que puede leerse como el nacimiento de una tecnología de gobierno orientada a capturar señales de malestar y a modular su deriva colectiva.

En ese marco, las plataformas, lejos de actuar como recipientes neutrales, son arquitecturas de interacción que determinan quién produce información, quién la amplifica y cuán recíproca resulta la conversación. En China esa cuestión tiene un peso mayor porque los medios tradicionales no actúan como contrapoder, funcionan como instituciones políticas integradas en el sistema, lo que altera la ecología de la visibilidad y desplaza el problema desde la libertad de expresión hacia la distribución de capacidad para configurar la agenda, al final no es lo mismo un espacio donde la información está monopolizada por organizaciones formalizadas que un espacio donde los ciudadanos generan y discuten contenidos en condiciones de reciprocidad, puesto que cada configuración genera un tipo distinto de datos, de riesgos y de oportunidades de intervención.

El giro bajo Xi Jinping suele describirse en Occidente como endurecimiento, y la descripción resulta incompleta si no se añade el mecanismo que convierte ese endurecimiento en gobernable a gran escala, la construcción de un centro organizador del ciberespacio y la expansión de un entramado normativo van acompañadas de una política de cooptación remunerada y de selección de ganadores, con fondos, licencias, apoyos y encargos que transforman a ciertas empresas en socias indispensables para la administración cotidiana de la opinión pública online, lo que abre una paradoja que incomoda al imaginario del control absoluto, cuanto más centralizada se vuelve la ambición política de gobernar el flujo informacional, más necesita el Estado apoyarse en capacidades privadas de análisis, segmentación, distribución y vigilancia en tiempo real, y esa necesidad otorga a algunas compañías un margen de negociación que se traduce en diferencias palpables de trato. La huella de esa dependencia se observa con claridad cuando se examinan las compras públicas y los contratos de fuente única, un mercado burocrático de capacidades digitales en el que el Estado actúa como cliente, y donde destacan dos nombres con una insistencia que conviene tomar en serio. Tencent y Sina, actúan como consultoras internas del sistema, con productos y servicios que permiten monitorizar tendencias, mapear sentimientos, anticipar temas candentes y diseñar campañas de comunicación positiva, una especie de marketing político de proximidad desplegado por gobiernos locales y departamentos de propaganda que buscan llegar a públicos concretos con narrativas de logro, civismo y armonía, al tiempo que adquieren instrumentos para detectar y enfriar conflictos antes de que cristalicen.

Aquí aparece el núcleo sociológico del asunto, la gobernanza digital se ejecuta sobre una economía de la atención, y una plataforma que pierde usuarios pierde valor político y económico, por lo que el poder no puede exigir un cierre permanente sin pagar un precio, mientras la empresa no puede desafiar el marco político sin arriesgar su supervivencia, de manera que la relación se estabiliza mediante un equilibrio práctico, la empresa entrega capacidades y cooperación, el Estado entrega recursos, previsibilidad y una tolerancia controlada ante ciertos grados de no conformidad, tolerancia que no debe confundirse con libertad. Es más parecida a una elasticidad administrada donde el cumplimiento no es idéntico en todas partes y donde el castigo se ajusta al valor estratégico del actor. Ese trato preferente tiene como consecuencia que la experiencia de censura no es uniforme entre plataformas y cuando se comparan espacios con distinto estatus dentro de esta arquitectura, se observan diferencias en la retirada de enlaces, la eliminación de publicaciones y la suspensión de cuentas, diferencias que sugieren que las plataformas instaladas como insiders pueden permitirse aplicar controles menos severos, o aplicarlos con ritmos y umbrales más compatibles con la retención de usuarios, mientras otras, con menor capacidad de negociación, se ven empujadas a una disciplina más rígida para evitar sanciones irreversibles, lo que reordena el mapa de la conversación pública y empuja a los usuarios a desplazamientos tácticos hacia espacios donde el coste de hablar es algo menor.

Lo que emerge es incómodo para dos lecturas que dominan el debate europeo, para la lectura liberal que imagina a la empresa como un actor natural de libertad frente al Estado, y para la lectura autoritaria que imagina al Estado como una entidad omnipotente sin dependencia técnica, porque aquí vemos un ensamblaje donde la empresa actúa como brazo operativo del gobierno informacional y el gobierno actúa como garante del mercado y del monopolio de ciertos proveedores, una simbiosis que convierte la política de plataformas en un terreno de contratos, datos y métricas, con territorios y administraciones que compran soluciones, con empresas que venden inteligencia social, y con ciudadanía convertida en fuente continua de señales que alimentan tanto la gestión del orden como la extracción de valor. Desde Europa, la tentación consiste en mirar este modelo como una anomalía exótica, y esa tentación impide aprender lo esencial, la gobernanza de redes sociales, en cualquier régimen, se juega en la capacidad de intervenir sobre la visibilidad y sobre el tiempo, y esa capacidad depende de infraestructuras privadas, de modelos de negocio, de incentivos, de auditorías y de compras públicas, por lo que el verdadero interrogante no es si las plataformas obedecen, sino qué intercambian por esa obediencia, qué márgenes obtienen, qué territorios quedan más expuestos, qué públicos se vuelven más legibles para el poder, y qué costes democráticos aparecen cuando la conversación se transforma en un campo de gestión algorítmica donde el gobierno ya no necesita silenciarlo todo, le basta con conducir lo suficiente.

El sistema de crédito social chino

Desde hace años, el sistema de crédito social chino oes visto por el imaginario occidental como emblema de una vigilancia total, una suerte de gran puntuación moral omnipresente que mediría la obediencia política de la población y la traduciría en premios y castigos automáticos, una imagen eficaz para el debate público europeo, aunque (según los autores) imprecisa desde el punto de vista analítico, porque confunde una arquitectura heterogénea de gobierno con un dispositivo unitario de control.

Lo que aparece cuando se observa con mayor detenimiento es un ensamblaje más prosaico y, por ello, más inquietante, un sistema que se construye desde la intersección entre finanzas digitales, plataformas comerciales y administración pública, en el que las empresas desempeñan el rol de actores que abren camino, fijan estándares de uso cotidiano y condicionan la manera en que el Estado puede gobernar comportamientos económicos y sociales a gran escala. El punto de partida de esta arquitectura, más que político en sentido estricto, es financiero, porque el problema que se intenta resolver durante años es la incapacidad del sistema bancario tradicional para evaluar riesgos en una sociedad con amplios segmentos sin historial crediticio formal, estudiantes, trabajadores precarios, migrantes internos, pequeños comerciantes, millones de sujetos económicamente activos y administrativamente opacos, un vacío que las plataformas de comercio electrónico y pago digital empiezan a llenar mucho antes de que el Estado formule un plan coherente, mediante calificaciones comerciales integradas en ecosistemas de consumo, microcrédito y servicios cotidianos.

En este entorno, productos como Sesame Credit se presentan menos como instrumentos de disciplina y más como tecnologías de incentivo, donde una puntuación elevada promete comodidad, acceso y ahorro de fricciones, alquileres sin fianza, reservas sin depósito, trámites acelerados, prioridad en determinados servicios, ventajas que transforman la producción de datos personales y financieros en una práctica voluntaria, asociada a expectativas de retorno inmediato, y que convierten el cumplimiento normativo en una forma de optimización individual más que en obligación impuesta desde fuera. Este desplazamiento resulta decisivo para comprender la lógica del sistema, porque la adhesión se sostiene en la conveniencia, y la vigilancia se integra en rutinas de consumo y pago que generan trazas continuas, explotables tanto para fines comerciales como para objetivos de gobierno, con la consecuencia estructural de que el Estado descubre que su capacidad para evaluar, clasificar y orientar conductas depende de infraestructuras privadas que concentran datos, interfaces y hábitos sociales a una escala que la administración pública no puede reproducir por sí sola. A partir de ese momento, el crédito social se convierte en una zona de contacto entre dos lógicas, la estatal, interesada en centralizar información, reforzar el cumplimiento legal y coordinar sanciones, y la empresarial, orientada a proteger modelos de negocio basados en datos exclusivos y en la retención de usuarios, una tensión que se expresa con nitidez en los conflictos regulatorios sobre licencias, intercambio de información y control del scoring y que desemboca en soluciones híbridas donde nadie obtiene exactamente lo que busca, aunque todos preservan lo esencial.

La creación de agencias unificadas de crédito, con participación conjunta del banco central y de las grandes plataformas, ilustra este compromiso inestable, el Estado gana acceso indirecto a datos que mejoran la evaluación financiera y amplían la cobertura del sistema, las empresas conservan sus calificaciones propias, evitan la transferencia directa de información a competidores y obtienen una legitimación institucional que reduce el riesgo de cierre o intervención abrupta, una arquitectura que no elimina la asimetría de poder, aunque la redistribuye en forma de dependencia mutua. En paralelo, el componente sociopolítico del crédito social se despliega de manera fragmentaria, mediante listas negras y listas rojas vinculadas sobre todo al incumplimiento de resoluciones judiciales, fraudes contractuales o violaciones regulatorias, con efectos que operan en el acceso a la vida económica, restricciones de crédito, bloqueos de transacciones, exclusión de determinados empleos o concursos, sanciones que adquieren eficacia cuando se conectan con infraestructuras privadas de pago y financiación, y que convierten la penalización legal en una experiencia material persistente.

Conviene subrayar un punto que suele alimentar malentendidos, no existe evidencia sólida (según los autores) de que las opiniones políticas expresadas en redes sociales se traduzcan de forma directa en puntuaciones comerciales, ni de que los datos de mensajería privada se integren automáticamente en sistemas de scoring, no tanto por escrúpulos de corte liberal, sino por cálculos empresariales, compartir datos sensibles erosiona la confianza de los usuarios y debilita la ventaja competitiva basada en bases de datos exclusivas, de modo que la fragmentación del sistema resulta funcional para las plataformas y limita, al menos en esta fase, la ambición de un crédito social totalmente unificado. Este equilibrio explica también por qué algunas empresas disfrutan de una tolerancia regulatoria que sería impensable para actores menores, la capacidad de Alibaba y Tencent para negociar, retrasar o reconducir exigencias estatales procede de su condición de infraestructuras indispensables para la gobernanza económica y urbana, desde el crédito al transporte, desde el comercio al turismo, una posición que les permite transformar la presión estatal en un proceso de ajuste gradual, donde la no conformidad no conduce al cierre inmediato, sino a la renegociación de las reglas del juego. El resultado es un sistema de crédito social que se comporta como una tecnología de integración entre mercado y administración, donde el Estado gobierna a través de incentivos y accesos, y las empresas ejercen funciones cuasi públicas sin dejar de perseguir rentabilidad, una forma de poder que no se impone desde fuera, se incrusta en prácticas ordinarias, y que plantea una pregunta incómoda para las democracias liberales, hasta qué punto la capacidad de gobernar conductas en sociedades digitalizadas depende, también aquí, de plataformas privadas que gestionan datos, reputaciones y trayectorias vitales con criterios opacos y negociados. De todos modos, conviene no olvidar nunca el control que el PCI (Partido Comunista Chino) ejerce sobre todas las empresas más o menos importantes del país.

Volviendo a los puntos de vista europeos sobre China, la confianza suele tratarse como una variable moral, un residuo ideológico o un reflejo mecánico del miedo, como si el apoyo ciudadano a determinadas políticas digitales solo pudiera explicarse por propaganda o coerción, una simplificación que impide comprender un fenómeno más incómodo, la forma en que la experiencia cotidiana con infraestructuras digitales reconfigura la manera en que las personas atribuyen intenciones al poder y, con ello, la forma en que deciden a quién confiar la gestión de sistemas opacos y potencialmente intrusivos.

Cuando se observa cómo la ciudadanía china interpreta el sistema de crédito social, emerge un dato que descoloca los marcos habituales, el rechazo explícito del sistema es marginal y entre quienes lo conocen predomina una preferencia clara por que sea el gobierno central quien lo gestione, incluso en un contexto donde las empresas tecnológicas desempeñan un papel técnico indispensable, una preferencia que no se reduce a adhesión abstracta al régimen, porque se articula en torno a una política concreta y a una pregunta formulada sin carga ideológica directa, lo que obliga a buscar explicaciones más finas que el simple reflejo autoritario.

La clave reside en cómo se vive en barrios, pueblos y ciudades, porque las personas no evalúan arquitecturas institucionales complejas, evalúan señales, la presencia de pagos digitales en el comercio local, la facilidad para vincular una cuenta, la frecuencia con la que se oye hablar de determinadas aplicaciones, la publicidad visible, las conversaciones triviales sobre ventajas prácticas, un conjunto de indicios que permite construir una interpretación plausible sobre la finalidad real de una política que, desde fuera, aparece deliberadamente ambigua. Allí donde los servicios financieros digitales están densamente integrados en la vida comunitaria, el crédito social se percibe sobre todo como una herramienta financiera, asociada al acceso, a la fluidez de las transacciones y a la modernización económica y esa percepción desplaza a un segundo plano su posible uso como instrumento de control político, no porque la gente ignore esa posibilidad, sino porque la experiencia inmediata reduce la incertidumbre y ofrece un marco interpretativo alternativo, el de una política orientada al desarrollo, en ese contexto, confiar la gestión al Estado aparece como una extensión lógica de su papel en la promoción del crecimiento, no como una amenaza adicional. Aquí se produce la paradoja consistente en que, cuanto más estrecha es la integración entre plataformas privadas y administración pública en el plano técnico y económico, mayor es el apoyo ciudadano a la primacía estatal en la gestión del sistema, siempre que este se interprete como un dispositivo funcional y no como un mecanismo punitivo, la cooperación Estado empresa, lejos de erosionar la legitimidad, puede reforzarla cuando se traduce en beneficios tangibles y previsibles, dinámica que cuestiona la idea de que la cercanía entre poder político y grandes corporaciones genera automáticamente desconfianza social.

La propaganda desempeña un papel, sin duda, los medios tradicionales presentan el sistema de forma abrumadoramente positiva, y la exposición a estos mensajes incrementa el apoyo a una gestión estatal fuerte, aunque ese efecto no agota la explicación, porque incluso cuando se controla por consumo mediático, interacción social y dependencia de plataformas, la experiencia comunitaria con las finanzas digitales sigue siendo el factor que mejor explica las preferencias, lo que sugiere que la legitimidad no se produce solo por repetición del mensaje, sino por su anclaje en prácticas ordinarias que lo hacen creíble. Las conversaciones informales introducen matices, hablar de política cara a cara aumenta la probabilidad de expresar dudas y de inclinarse hacia una mayor participación empresarial, como si el espacio personal funcionara como refugio de la crítica, mientras que la discusión online amplía la disposición a opinar sin alterar necesariamente la orientación de la preferencia, división que recuerda que incluso en contextos de control informativo persisten circuitos diferenciados de circulación de sentido, con grados variables de franqueza y riesgo.

Resulta especialmente revelador que el uso individual de calificaciones comerciales tenga menos peso que su presencia en el entorno, no es tanto la experiencia personal como la atmósfera colectiva la que orienta la confianza, cuando el sistema se normaliza en la comunidad, deja de percibirse como una innovación política y pasa a leerse como infraestructura, y la infraestructura, por definición, se espera que esté bajo tutela estatal, incluso cuando se construye y se opera con recursos privados.

Desde Europa, este fenómeno obliga a revisar ciertos automatismos, porque muestra que la confianza en el Estado no se construye únicamente mediante apelaciones ideológicas o narrativas de soberanía, también se fabrica a través de la distribución territorial de tecnologías, de la forma en que los sistemas digitales se insertan en la vida económica local y de la capacidad de convertir políticas abstractas en experiencias previsibles, lección que trasciende el caso chino y que conviene tener presente en las democracias liberales, donde la dependencia de plataformas privadas crece mientras la legitimidad de la acción pública se erosiona. En última instancia, lo que está en juego no es solo quién gestiona un sistema técnico, sino quién consigue que ese sistema sea interpretado como razonable, útil y orientado al bienestar, porque la confianza política, incluso bajo regímenes autoritarios, se construye en el cruce entre experiencia cotidiana, expectativas económicas y lecturas pragmáticas del poder, un terreno donde la frontera entre Estado y empresa resulta cada vez menos nítida y donde la legitimidad se decide mucho antes de que empiece el debate normativo.

Durante años, China ha sido descrita en el debate occidental como laboratorio de distopías, un espacio donde la tecnología serviría a un poder omnisciente que vigila, clasifica y corrige sin resistencia, una imagen eficaz para movilizar temores, aunque insuficiente para comprender la lógica real de un sistema que no se sostiene únicamente por la fuerza, ni siquiera por la vigilancia, sino por una combinación mucho más compleja de incentivos, dependencias económicas y aprendizajes políticos acumulados. La tentación de encajar la experiencia china en las metáforas de Orwell o de Huxley (según los autores) revela más sobre las categorías analíticas de quien observa que sobre el objeto observado, porque el régimen de gobernanza digital que se ha ido consolidando en la última década no responde de manera pura ni al control coercitivo descendente ni a la integración complaciente mediante gratificación, sino a una forma híbrida en la que el Estado y las grandes plataformas se necesitan mutuamente para resolver el dilema de cómo expandir la economía digital sin erosionar la estabilidad social ni la confianza mínima necesaria para que la ciudadanía siga participando. Ese dilema ha generado una arquitectura en la que la centralización política convive con una liberalización parcial cuidadosamente dosificada, no como concesión ideológica, sino como tecnología de gobierno, porque el propio Estado ha aprendido que un control total, homogéneo y permanente resulta contraproducente para la producción de datos, para la innovación y para la adhesión cotidiana de millones de usuarios que sostienen los ecosistemas digitales de los que depende tanto el crecimiento como la capacidad de gobernar.

El endurecimiento regulatorio de los últimos años, con campañas antimonopolio y sanciones visibles a las grandes tecnológicas, suele interpretarse como prueba de una voluntad disciplinaria sin fisuras, cuando también puede leerse como un movimiento de reequilibrio, un recordatorio de jerarquía en un contexto donde la inversión estatal masiva y la delegación de funciones públicas habían convertido a ciertas empresas en infraestructuras de facto, dotadas de un poder económico y organizativo que exigía ser reencuadrado sin ser eliminado porque su eliminación habría supuesto un daño directo a la capacidad operativa del propio Estado. Esta relación ambivalente se hace visible cuando se observan las huellas contractuales de la gobernanza digital, los gobiernos centrales y locales se han convertido en clientes de plataformas privadas para gestionar opinión pública, datos urbanos, crédito social o servicios inteligentes, una dependencia que se expresa en contratos de proveedor único y en inversiones compartidas, y que explica por qué la coerción aparece como un instrumento intermitente, no como el modo ordinario de gobierno, cuanto más alineadas están las empresas con los objetivos estatales, menos necesaria resulta la sanción explícita. El equilibrio es frágil porque descansa sobre una condición que rara vez se menciona en los análisis normativos, la tolerancia social tiene un umbral, un punto a partir del cual la combinación de vigilancia, censura y uso político de los datos empieza a generar abandono, evasión o innovación táctica por parte de los usuarios. Las empresas, cuya supervivencia depende de la participación masiva, conocen ese límite mejor que nadie, y actúan como sensores informales de malestar, trasladando al Estado señales que influyen en la calibración de las políticas.

La pandemia ofreció una prueba de estrés, el uso intensivo de herramientas digitales para imponer restricciones, clasificar conductas y sancionar incumplimientos mostró la capacidad de endurecimiento del sistema, aunque también evidenció sus límites, las protestas del “papel en blanco” y las estrategias creativas para sortear la censura recordaron que incluso en entornos altamente controlados persiste una dimensión ascendente que obliga a reajustar el dispositivo. La posterior retirada de medidas extremas funcionó como válvula de descompresión y confirmó que la estabilidad se preserva mejor mediante oscilaciones que mediante rigidez permanente. Se trata de un modelo, que podría describirse como corporativismo popular, que no es fácilmente transferible, requiere recursos económicos abundantes, plataformas con capacidad de ofrecer beneficios tangibles y un Estado dispuesto a compartir espacios de implementación sin renunciar al control estratégico, por eso China aparece como un caso extremo, aunque no aislado, con ecos parciales en otros regímenes que observan con atención la posibilidad de gobernar a través del mercado y de las infraestructuras digitales.

El riesgo interno de este equilibrio no es menor, la creación de insiders favorece dinámicas rentistas, exclusiones empresariales y percepciones de capitalismo de amiguetes que pueden erosionar la legitimidad si se vuelven demasiado visibles, al tiempo que la dependencia de unos pocos actores concentra vulnerabilidades, un sistema diseñado para resolver un dilema puede generar otros nuevos, más difíciles de gestionar a largo plazo.

Fuera de China, el interés del caso reside en la advertencia que plantea a las democracias liberales, la gobernanza digital se juega en el terreno de las normas y de los derechos, pero también se decide en la capacidad de articular una visión positiva de futuro que coordine Estado, empresas y ciudadanía, frente a un debate público dominado por imaginarios distópicos que, aun siendo comprensibles, raramente movilizan cooperación sostenida. La pregunta que deja abierta esta experiencia, más allá de si vivimos ya en un nuevo mundo feliz o bajo un nuevo Gran Hermano, es hasta qué punto la política del siglo XXI será capaz de gobernar infraestructuras privadas sin quedar capturada por ellas y de proteger espacios de autonomía ciudadana sin renunciar a la coordinación necesaria para afrontar sociedades digitalizadas, desiguales y profundamente interdependientes.